INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Ley 27.610/21) -primera parte-

 

MURIERON ESPERANDO LA VACUNA. ¿HOMICIDIO, ABANDONO DE PERSONA O NADA?

 

                 por JORGE EDUARDO BUOMPADRE

 

   En todos los medios de comunicación de nuestro país, en los últimos días corrió la noticia de dos médicos que murieron por no haber sido vacunados a tiempo. Vale decir, “murieron esperando la vacuna”. Pero, esta no es la cuestión que me interesa comentar, porque muchos hombres y mujeres de la salud murieron por no ser vacunados a tiempo. El problema a resolver reside en determinar si, por no haber sido vacunadas estas personas, alguien debe responder por algún delito relacionado con esas muertes, como podrían ser los delitos homicidio, abandono de persona, etc., o se trata de una situación respecto de la cual no nos debe importar el cómo y el porqué se murieron estos profesionales de la salud.

   Ante todo, quiero destacar que, según las noticias, uno de esos médicos rehusó vacunarse en su momento y el otro no fue vacunado a tiempo, sin darse ninguna explicación sobre esta situación. Aclaro esto, porque las realidades que se han presentado durante la pandemia, han sido y son muy diversas, por lo que sólo me he de ocupar, brevemente, sobre la situación de aquél personal de la salud (categorizado como esencial y prioritario) que no fue vacunado porque “su vacuna” fue usada por otra persona (no esencial).

   Bien, este último es el caso que me interesa analizar: la vacuna que estaba destinada al médico, fue usada por otra persona, no prioritaria, que se vacunó (y fue vacunado) en forma irregular. Dicho de otro modo, una vacuna que estaba destinada al médico fue usada para vacunar a otra persona no esencial y que no figuraba en los protocolos o listas realizadas por el gobierno para gestionar un sistema justo y razonable de distribución de las vacunas. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer en estos casos es ¿qué pasaría si se determina en el proceso judicial que, si ese médico hubiese sido vacunado, no hubiera muerto?. Esta situación nos lleva a analizar el caso desde la perspectiva de los delitos de omisión, es decir, de aquellos delitos -como el de homicidio o alguna modalidad del abandono de persona- que pueden ser cometidos por acción (matar, abandonar, desamparar, etc., a otro) o por omisión (dejar de realizar una acción, a la que estaba obligado el sujeto, que causó la muerte o el desamparo de otro, no evitando su producción).

   Si se comprueba, por ejemplo, algunas cuestiones, como ser que hubo un nexo causal que nos indique que el resultado muerte se produjo como consecuencia de no haberse suministrado la vacuna, que esa vacuna que se usó en otra persona estaba destinada al médico que falleció, que la vacunación a ése médico era una obligación del funcionario que dispuso el esquema de trabajo (que incluía al médico en primer lugar, antes que otros sujetos ciudadanos comunes, no esenciales) y que la muerte no se debió a otra causa, entonces debería investigarse la posible imputación a título de homicidio por omisión o abandono de persona por omisión.

   El o los funcionarios a cargo de la distribución de la vacuna, que tomaron la decisión (disponiendo, ordenando, etc.) de vacunar a otras personas distintas de las que estaban dentro de la orbita del esquema de  trabajo, eran “garantes de la asistencia” a las personas a las que estaban destinadas las vacunas, pues no solamente conocían la existencia de una normativa (resolución administrativa, decreto, etc.) que establecía ese esquema de trabajo y quienes debían vacunarse en primer lugar (personal médico con contacto estrecho con pacientes enfermos de COVID-19),  sino que voluntariamente también se estaba incumpliendo con este destino, en un doble aspecto, por un lado, sabiendo que no se estaba vacunando a las personas a las que estaba destinada la vacuna (personal esencial con prioridades para el suministro de la misma, por ej. médicos, enfermeros, personal, etc., del hospital) y, por otro lado, se sabía que se estaba vacunando a personas ajenas al colectivo a que estaba destinada (funcionarios, sindicalistas, familiares de ellos, miembros de La Cámpora o de otras agrupaciones políticas,  etc.).

   En evidente que la omisión de vacunación (u omisión de asistencia) del médico implicaba un riesgo cierto de muerte, vale decir que era segura la muerte (de hecho, es lo que ocurrió en muchos casos). Dicho de otro modo, el riesgo cierto y concreto de muerte también se debería analizar a la inversa, esto es, no sólo si el médico de que se trate murió por la omisión de asistencia (vacunación) sino determinar si, en el caso de que se hubiera vacunado no se hubiese producido su muerte.

   La obligación del funcionario era la de prestar la asistencia al colectivo de personas esenciales, pues esa era su obligación jurídica, el cual tenía prioridad en la vacunación, pero al omitir prestar esa asistencia (consistente en cumplir con su obligación, a la que estaba ligado normativamente), la muerte del sujeto (el médico), lo convierte en autor de homicidio por omisión, pues el riesgo de muerte era permanente ante la exposición del profesional en la atención de los pacientes enfermos de COVID-19.

   Existió en el caso una omisión punible porque el funcionario a cargo de la distribución de la vacuna, cuyo destino estaba preestablecido normativamente, se encontraba en una “posición de garantía”, es decir, estaba obligado a cumplir con esa disposición legal que estaba dentro de su radio de acción, para “garantizar” (asegurar) la indemnidad del bien jurídico (vida o salud del profesional). Dicho con otros términos, el funcionario estaba capacitado para realizar una u otra acción, vale decir, cumplir o no con la norma, y decidió no cumplirla pudiendo evitarlo o pudiendo cumplirla. Hubo homicidio por omisión pese a que el funcionario no causó, materialmente, el resultado muerte, sino que no evitó su producción o no impidió que ello ocurra, sabiendo de que sustraer al médico de la vacuna implicaba un riesgo cierto de muerte. Existió una acción que el funcionario no realizó y estaba capacitado para realizarla: evitar o impedir que el resultado muerte se produzca. Debe imputarse el delito omisivo al funcionario que no impidió el resultado pudiendo hacerlo. En síntesis, no se realizó una acción (vacunar al médico) que el funcionario debía realizar con plena capacidad de llevarla a cabo, vale decir, estando en una posición de garantía del bien jurídico (la vida o la salud del médico).

   La vacunación de otras personas que estaban fuera del esquema de trabajo definido por la administración nacional, y no aplicar las vacunas al personal al que estaban destinadas (médicos, enfermeros, etc.), implicaba una situación de peligro de lesión o de vida de esas personas, que debía controlarse y evitarse; esta era una obligación para el funcionario. Pero, la no vacunación del personal esencial implicó una omisión punible a título de homicidio, no de abandono de persona agravado por el resultado muerte. En síntesis, existió una obligación jurídica de evitar el resultado muerte, pues estaba en manos del funcionario el control de la situación por su estrecha vinculación con el bien jurídico protegido (la vida o la salud del médico). Una muerte evitable que no se evitó, pudiendo hacerlo.

 

 

 

 

Me permito difundir -con su autorizacion, por supuesto- un articulo de mi querido y entrañable amigo prof Dr. HORACIO ROMERO VILLANUEVA, en homenaje a los 100 años del Codigo Penal argentino

https://tn.com.ar/opinion/2021/02/13/a-100-anos-de-codigo-penal-argentino/

PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS - Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia

El Dr. Jorge Buompadre nombrado VISITANTE DISTINGUIDO por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

1er CONGRESO MUNDIAL DE CS. PENALES Y CRIMINOLÓGICAS A REALIZARSE EN BOLIVIA.

De izq. a der. el Dr. Jorge Eduardo Buompadre con el Senador Dr. Noel E. Breard.

El Proyecto del Nuevo Código Procesal de Corrientes ingresó a la Cámara de Senadores el 11 de junio del 2019.

¿POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA?

                                   por: Jorge Eduardo Buompadre

                                   Prof. de Derecho Penal, UNNE

   Seguramente muchos ciudadanos se estarán haciendo esta pregunta; otros, tal vez ni le presten atención y otros, en fin, ni siquiera le dan al tema la importancia que tiene. Las  respuestas son varias, pero hay una que me parece la más sencilla y oportuna: “hay que cambiar el Código, porque el sistema de enjuiciamiento penal que rige en la provincia es inconstitucional”; viola los Tratados sobre Derechos Humanos incorporados a la Const. Nac. en 1994 (art. 75.22) y los arts. 1, 35, 41 y conc. de la Constitución provincial. Veamos algunas razones que justifican esta afirmación.

  
En primer lugar, debemos recordar -para quienes se han olvidado- de que los Estados deben respetar y cumplir con los Tratados sobre DH y con los fallos emitidos por la Corte Interamericana sobre DH (art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por Argentina mediante la Ley 19.865/72), pues de lo contrario se origina la responsabilidad internacional del Estado, conforme a los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica.

   

Con la reforma de la Const. Nac. en 1994, las cosas cambiaron, pero -en el marco de nuestro modelo de enjuiciamiento penal- todo sigue igual, como si nada hubiera pasado, como si la reforma constitucional no hubo tenido ninguna incidencia en el sistema de justicia en todo el país. Los jueces de instrucción -al menos entre nosotros- siguen haciendo lo de siempre, investigando, ofreciendo pruebas, resolviendo sobre lo que ellos mismos han investigado sin que nadie le requiera nada, ni el Fiscal, ni la víctima, ni el defensor técnico del imputado; el Ministerio Público hace lo mismo, investiga, ofrece pruebas (pero no resuelve, al menos por ahora, no sabemos después). La ley 21/00 obliga al Fiscal a impulsar la persecución penal, a investigar los delitos (arts. 1 y 9), al igual que lo hace el art. 71 del Código penal y los arts.5 y 64 del CPP. A todo esto, hay que sumar que también la policía investiga, muchas veces sin control jurisdiccional o Fiscal, situación que genera probables focos de corrupción que hay que desterrar. Pero, el problema no está en la propia función de investigar un hecho delictivo, sino en que los tres estamentos “investigan el mismo hecho”, ¡tres veces!.  Todos desempeñan una misma función, el juez de instrucción, el Fiscal y la policía, construyendo un cuadro fáctico que se vuelve a repetir en forma idéntica en todas las etapas del proceso, en el sumario policial, en la instrucción penal y en el debate oral, durante el cual se hace todo lo mismo que ya se hizo antes: se sigue investigando, con el consabido desgaste jurisdiccional y enormes costos en recursos para el Estado. Vale decir, se hace los mismo tres veces, cuando con un sistema procesal distinto se acortarían los tiempos, se gastaría mucho menos dinero y se obtendría justicia más rápidamente. Pero, el cuadro de situación del sistema que está hoy en vigencia presenta este enorme déficit, y nadie hace nada. Y esto que acabo de señalar ¿qué significa?. Significa que el juez (ni de instrucción ni del tribunal oral) no es -entre otras cosas- un sujeto imparcial, con lo cual está violando el art. 8.1 de la CADH y el art. 14 del PIDCyP. Con otras palabras, el Código que nos rige en la provincia convierte al juez de Instrucción en un juez parcial, inquisitivo, investigador, interesado en lograr un determinado resultado, a favor o en perjuicio de alguna de las partes, por lo general, en contra del imputado, acusándolo y dictándole su prisión preventiva, sin que nadie (ni el Fiscal) se lo pida. A todo ello hay que sumar que los procesos duran una eternidad, sin que a nadie le importe (ni a los jueces… ni a los Fiscales, quienes son los custodios de la ley y de los intereses generales -al menos eso dice el art.120 CN y el art.1 de la Ley 21/00-, aunque algunos no lo saben o se hacen los distraídos) si el imputado está privado o no de su libertad; el juez resuelve su situación legal cuando se le ocurre, sin que interese el tiempo transcurrido desde que comenzó el proceso o el tiempo de detención que lleve el acusado (recurriendo al viejo recurso de que los plazos no son perentorios o fatales sino ordenatorios, una llave maestra que les permite estirar el proceso al infinito), con lo cual se está violando los arts. 8.1 de la CADH y 14.3.d del PIDCyP, que dicen que “toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable o a ser juzgada sin dilaciones indebidas” (el art. 33 de la Constitución provincial dice lo mismo, pero…);  les doy un ejemplo, el juez de instrucción No. 4 de Capital (Maciel), en la causa No. 159720 dictó la prisión preventiva de los imputados más de un año después de tenerlos privados de su libertad… ¿que les parece?... ¿violó o no los Tratados sobre Derechos Humanos?. ¿Cuál es la solución para estos desvaríos?, se preguntará el ciudadano de a pie:  la respuesta: el juicio político. Y este ejemplo no es el único, se repite frecuentemente en todos los juzgados de instrucción, no sólo con los imputados sino también con las víctimas.

   

Con otros términos, tanto el juez de Instrucción como el Fiscal (dejemos por el momento a la policía) tienen -casi en un 100%- las mismas funciones: ambos acusan, ambos investigan, ambos impulsan el proceso, etc., etc., cuando los arts. 8 de la CADH y 14 de la PICDyP dicen que los jueces deben tener funciones distintas a la del Fiscal. A nadie le importa nada. Ni a los jueces ni a los Fiscales. ¿Y los ciudadanos?, y los ciudadanos estamos en permanente peligro con el sistema procesal que está en vigencia en la provincia, pues corremos el riesgo de caer en las redes de este sistema perverso e inconstitucional. Por esto (y por muchas otras cosas más que no se pueden explicar en el corto espacio de una nota periodística) es necesario cambiar el modelo de enjuiciamiento penal en la provincia por otro que brinde garantías y preserve lo derechos de todos, de los imputados y de las víctimas. Pero, no sólo hay que cambiar el modelo sino también la cabeza de los jueces y fiscales que se han formado -y siguen involucrados en él-, en un sistema inquisitivo, inhumano (pues viola expresas disposiciones de los Tratados sobre DH incorporados a la CN) y, por tanto, ilegal. Y, lo peor de todo, es que los jueces de Instrucción y los Fiscales lo saben, pero nadie hace nada. No vale la pena rebelarse contra el sistema, aun sabiendo que la ley también se puede violar por omisión. Mantener el status quo (y el sueldo) es conveniente para muchos. Seguramente alguno colegas no estarán de acuerdo con esta visión del proceso penal en Corrientes (a muchos les conviene que “las cosas sigan como están”), pero es la cruda realidad por la que atraviesan diariamente ciudadanos (acusados y víctimas) que se ven involucrados en un proceso penal (más bien, una pesadilla) ante un juzgado de instrucción…ahhh!!, y también los abogados que ejercen en el fuero penal, que sufren permanentemente las inequidades del sistema de justicia hoy vigente en la provincia. Casi todo el país ya ajustó su sistema de justicia a la Constitución nacional (Santa Fe, La Pampa, Chubut, Jujuy, Chaco, Bs.As., CABA, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Sgo. del Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Mendoza, etc.) pero nosotros, los correntinos…siempre empantanados y conviviendo en y con el pasado.